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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS APROBADAS EN MATERIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN EN RELACIÓN AL COVID-19.

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REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES
EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL
COVID-19

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE del 18 de marzo) establece un conjunto de medidas de carácter laboral que tratan de dar una respuesta temporal e inmediata a la situación de emergencia y excepcionalidad provocada por el COVID-19.:
TRABAJO A DISTANCIA: siempre que sea razonable, técnicamente posible y no suponga unesfuerzo de adaptación desproporcionado, las empresas promoverán fórmulas de trabajo a distancia, con el objetivo de mantener la actividad económica y que las personas trabajadoras no sufran mermas en sus ingresos.
Sólo en aquellos supuestos en que se implante por primera vez por motivo de la situación de excepcionalidad derivada del Covid-19, se exceptúan los requisitos reflejados en las normas preventivas en cuanto a la evaluación de riesgos, sustituyéndose por una autoevaluación voluntaria de la persona trabajadora.
PLAN ME CUIDA: El Plan Mecuida establece mecanismos que dan derecho a la persona para que la empresa reorganice su trabajo a efectos de facilitar el cuidado, o a reducir su jornada con pérdida proporcional del salario, y sin que su ausencia pueda implicar ninguna sanción.
Las condiciones y requisitos de su disfrute se encuentran resumidas en el documento recogido en la página web del Ministerio de Trabajo e Economía Social:www.mitramiss.gob.es
MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
SUSPENSIÓN DE CONTRATOS:
a) ERTES por fuerza mayor:
Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
b) ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción:
Se trata de aquellos supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o
reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción
relacionadas con el COVID-19.
En ambos casos:
Prestación por desempleo: se refuerza la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE, posibilitándoles que tengan acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario para tener acceso a ella.
De forma adicional, el periodo de la suspensión del contrato o la reducción de la jornada
durante el que estén percibiendo dicha prestación no les compute a efectos de consumir
los periodos máximos de percepción legalmente establecidos.
En circunstancias normales, durante un ERTE el trabajador puede acceder a la prestación contributiva por desempleo si cuenta con el periodo de cotización necesario para tener acceso a ella y, además, este periodo le computa a efecto de los periodos máximos de percepción de la prestación.
Asimismo, se produce una prórroga del subsidio por desempleo.
a) La entidad gestora podrá prorrogar de oficio el derecho a percibir el subsidio por desempleo en los supuestos sujetos a la prórroga semestral del derecho, a efectos de que la falta de solicitud no comporte la interrupción de la percepción del subsidio por desempleo ni la reducción de su duración.(suspensión temporal art.276.2 LGSS)
b) En el caso de los beneficiarios del subsidio para mayores de cincuenta y dos años no se
interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social aun cuando la
presentación de la preceptiva declaración anual de rentas se realice fuera del plazo establecido legalmente (suspensión temporal art. 276.3 LGSS).
Las personas que trabajan a tiempo parcial o bajo un contrato fijo-discontinuo van a verse afectadas de forma diferente en su actividad por el Covid-19, ya que, por las características de su modalidad contractual, es probable que no sean afectadas por ERTE sino directamente por un periodo de inactividad.
Personas contratadas a tiempo parcial y fijas discontinuas: estas personas recuperarán las prestaciones que perciban durante el periodo de inactividad consecuencia del impacto del Covid19, por el cual se entenderá aquel que resulte por diferencia respecto del efectivamente trabajado el año anterior en esta fecha. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa.
Se ha establecido a estos efectos un límite máximo de 90 días, que serán considerados periodo no consumido, en función de los periodos que queden acreditados conforme a estas normas, reconociéndose de modo automático por el SEPE.
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD:
Esta prestación se establece con carácter excepcional y vigencia limitada a 1 mes, a partir del 14 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del RD 463/2020), o hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma, de prolongarse durante más de 1 mes.
Los beneficiarios serán las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos (incluidas las que tengan la condición de socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como personas trabajadoras por cuenta propia en el régimen especial que corresponda):
•Cuyas actividades queden suspendidas, en virtud del RDL que decreta el estado de
alarma, o,
•cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
Deberán cumplirse los siguientes requisitos:
1. Estar afiliados y en alta el 14 de marzo de 2020 en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (RETMAR).
2. Suspensión de su actividad por la declaración del estado de alarma o acreditación de
reducción de su facturación en, al menos, un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
3. Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la
fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se estuviera al corriente, el órgano gestor le invitará al pago para que ingrese las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
La cuantía de la prestación se determinará aplicando el:
•70% a la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la LGSS.
•70% a la base mínima de cotización en el RETA o en el RETMAR cuando no se acredite el
período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación.

REAL DECRETO-LEY 9/2020, DE 27 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS, EN EL ÁMBITO LABORAL, PARA PALIAR LOS EFECTOS DERIVADOS DEL COVID-19

NO SE CONSIDERARÁ JUSTIFICADO EL DESPIDO POR CAUSAS RELACIONADAS CON
EL COVID-19 (ART. 2 RDL):
No se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido, la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020.
La medida tendrá traducción en la indemnización a satisfacer puesto que de concurrir una extinción de estas características, la calificación de improcedencia supondrá pasar de 20-12 días de indemnización a 33-24.

EL TIEMPO DE SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS TEMPORALES POR ERTE DEBIDO A
FUERZA MAYOR O A CAUSAS ETOP DERIVADOS DEL COVID-19 INTERRUMPIRÁ EL
CÓMPUTO DE SU DURACIÓN (ART. 5):
La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza mayor o a causas ETOP (arts. 22 y 23 RDL 8/2020) supondrá la interrupción del cómputo de su duración y de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de las personas trabajadoras afectadas.

SE LIMITA LA DURACIÓN DE LOS ERTE POR FUERZA MAYOR AL ESTADO DE ALAMA Y
SU/S PRÓRROGA/S (DISP. ADIC. PRIMERA RDL):
Se aclara que el límite temporal de las resoluciones tácitas recaídas en los ERTE por fuerza mayor –silencio positivo–, no puede suponer una duración máxima distinta a la que es aplicable a las resoluciones expresas, por tanto, en ambos casos y con independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta, su duración máxima será la del estado de alarma y posibles prórrogas.

REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
URGENTES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA HACER FRENTE AL COVID-19

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR FALTA DE ACTIVIDAD PARA LAS PERSONAS
INTEGRADAS EN EL SISTEMA ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR DEL RÉGIMEN
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL:
1. Tendrán derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad las personas que, estando de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
• Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de
reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
• Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido recogida en el artículo 49.1.k del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TextoRefundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o por el desistimiento del empleador o empleadora, en los términos previstos en el artículo 11.3 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
2. La acreditación del hecho causante deberá efectuarse por medio de una declaración responsable, firmada por la persona empleadora o personas empleadoras, respecto de las cuales se haya producido la disminución total o parcial de servicios. En el supuesto de
extinción del contrato de trabajo, este podrá acreditarse por medio de carta de despido, comunicación del desistimiento de la empleadora o empleador, o documentación acreditativa de la baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.

REAL DECRETO-LEY 13/2020, DE 7 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE EMPLEO AGRARIO

Persigue diferentes objetivos, por una parte, poner coto al riesgo que enfrenta el sector primario afectado, como el resto, por la crisis del COVID-19 pero al que ha de protegerse especialmente para garantizar el abastecimiento alimentario a los ciudadanos no solo en términos de oferta sino también de precio.
El COVID-19 está produciendo una disminución acusada de la oferta de mano de obra que se ocupa de las labores agrarias como temporera en el campo español, más en un momento en que se precisa refuerzo dado que la crisis sanitaria, y el estado de alarma derivado, coincide con una de las campañas más importantes, la de recolección de frutas de hueso, cultivos de verano o la fresa.
Con este propósito las medidas adoptadas al respecto por este RDL son las siguientes:
CONTRATACIÓN TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS:
Mediante esta normativa pueden celebrarse todos los contratos laborales de carácter
temporal para el desarrollo de actividades en explotaciones agrarias comprendidas en
cualquiera de los códigos de CNAE propios de la actividad agraria, con independencia de la categoría profesional o la ocupación concreta del empleado, cuya firma y finalización estén comprendidas entre el 9 de abril y el 30 de junio.
Los requisitos para poder ser contratado son los siguientes:
1.- Encontrarse el 9 de abril de 2020 en alguna de las situaciones siguientes:
– Estar en situación de desempleo o cese de actividad.
– Tener el contrato temporalmente suspendido como consecuencia del cierre temporal de la actividad por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, excluyéndose los ERTE derivados del COVID-19 regulados en el RDL 8/2020.
– Ser trabajador migrante cuyo permiso de trabajo concluya entre el 14 de marzo (fecha de declaración del estado de alarma) y el 30 de junio de 2020. La prórroga de estos permisos se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones.
– Ser nacional de un país tercero, con edad entre los 18 y los 21 años, en situación regular.
2.- Tener el domicilio en un lugar próximo a aquel en que haya de realizarse el trabajo,
entendiéndose que se da esta circunstancia cuando el domicilio de la persona trabajadora o el lugar en que pernocte temporalmente mientras se desarrolla la campaña está en el mismo término municipal o en términos municipales limítrofes del centro de trabajo. Las comunidades autónomas podrán ajustar este criterio en función de la estructura territorial teniendo en cuenta el despoblamiento o la dispersión de municipios.
RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2020, DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN, EN SU ÁMBITO DE GESTIÓN, MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19 EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL
MEDIDAS EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL:
Las medidas de carácter general dirigidas a paliar los efectos del impacto económico y social derivado del COVID-19 y del estado de alarma declarado para su gestión en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, se aplicarán a:
•Las acciones formativas programadas por las empresas en 2020, con cargo a su crédito de formación.
•Los programas de oferta para trabajadores ocupados, ampliando el plazo de ejecución.
•La iniciativa de oferta para trabajadores desempleados.
Las medidas adoptadas son las siguientes:
•Para la formación en modalidad presencial que se haya visto afectada por el estado de
alarma se establece que se podrá impartir mediante aula virtual, considerándose a todos los efectos como presencial.
•Para las acciones suspendidas, una vez finalizado el estado de alarma, se dispondrá de 2
meses para comunicar las nuevas fechas, calendario y horario de impartición.
•Se podrá cambiar a la modalidad de teleformación, las acciones no iniciadas en la
modalidad presencial o mixta pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta resolución
(18 de abril).
•Para los certificados de profesionalidad, se permitirá el cambio de modalidad de
impartición de presencial a teleformación cuando afecte a módulos formativos completos y la entidad beneficiaria esté acreditada en el correspondiente registro para impartir el mismo certificado en la modalidad de teleformación. También se podrá realizar o continuar la impartición en la modalidad de teleformación de las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, salvo las tutorías presenciales y las pruebas finales de evaluación de cada módulo formativo, que habrán de realizarse de manera presencial con posterioridad a la finalización del estado de alarma y dentro del plazo de ejecución del programa o acción formativa.
•La impartición mediante aula virtual no será de aplicación a aquellos contenidos presenciales del certificado de profesionalidad que requieran la utilización de espacios, instalaciones y/o equipamientos para la adquisición de destrezas prácticas. Estos contenidos se deberán impartir con posterioridad a la finalización del estado de alarma, dentro del plazo de ejecución del programa o acción formativa.
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA OFERTA FORMATIVA PARA PERSONAS
TRABAJADORAS OCUPADAS:
El capítulo tercero contiene medidas que posibilitan el incremento del porcentaje de participación de desempleados en los programas de formación, que los colectivos más afectados por esta situación participen en cualquier programa de formación, y flexibilizar la ejecución de los mismos
•Se incrementa el porcentaje de personas desempleadas, hasta un máximo del 40% de
participantes en cada programa.
•Podrán participar los siguientes colectivos:
•Personas trabajadoras cuya relación laboral se haya extinguido por un expediente de regulación de empleo (ERE)
•Personas trabajadoras cuya relación laboral se haya suspendido por un ERTE.
•Personas trabajadoras autónomas
•Personas trabajadoras de la economía social.
•A efectos de financiación de los programas formativos, si se producen abandonos, una vez impartida al menos el 25 % de la duración de las acciones, se admitirán desviaciones de hasta un 20% del número de participaciones que las hubieran iniciado.
SUSPENSIÓN DE LOS PERMISOS INDIVIDUALES DE FORMACIÓN:
La disposición adicional primera establece que:
•La actividad formativa asociada a los permisos individuales de formación que se hubiera suspendido por la declaración del estado de alarma podrá reanudarse una vez cesada la vigencia del mismo.
•Se podrán admitir cambios en estos permisos en el caso de que las entidades que impartan las acciones formativas hayan establecido medidas para continuar con la actividad.
•La asistencia podrá justificarse por medio de certificados o controles que emita el centro
formativo o por los medios telemáticos de la empresa o certificado del responsable de la empresa constatando la misma.
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES FORMATIVOS:
•Se amplía el plazo de ejecución de todos los programas y planes formativos financiados al amparo de las convocatorias (Resoluciones del Servicio Público de Empleo Estatal de 11 de mayo de 2018 y de 18 de enero de 2019), por un tiempo equivalente al del periodo de vigencia del estado de alarma, al que se añadirá un periodo adicional de 6 meses.
Esta ampliación tendrá en cuenta, en cada caso, que el cómputo del plazo de ejecución se inicia desde la fecha de notificación a los beneficiarios de la resolución de concesión de la subvención.
DECRETO-LEY 2/2020, DE 16 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES Y EXTRAORDINARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y LAS EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19
El pasado sábado 18 de abril de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) el decreto-ley 2/2020, de 16 de abril, que tiene por objeto establecer medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19.
Estas medidas, que ya han sido aprobadas y que serán desarrolladas y convocadas por las diferentes Consejerías de la Junta de Castilla y León, son las siguientes:
AYUDAS DESTINADAS A PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO O REDUCCIÓN DE LA JORNADA:
La Administración de la Comunidad de Castilla y León ampliará las ayudas destinadas a complementar la prestación de carácter estatal que reciban las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo, de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada, incluidos los fijos discontinuos, con el objeto de paliar el impacto económico en las personas trabajadoras durante el período que dure el expediente de suspensión o reducción de jornada que el estado de alarma ha provocado y compensar la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras.
Las solicitudes se presentarán en el plazo que se determine en la convocatoria pública y
en función de las correspondientes bases reguladoras.
La resolución de las solicitudes será por el orden de presentación mientras exista crédito adecuado y suficiente para atender la correspondiente solicitud. Se considerará fecha de presentación aquella en la que esté completa la documentación.
AYUDAS A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE NO PERCIBAN NINGÚN TIPO DE PRESTACIÓN O SUBSIDIO POR DESEMPLEO O POR CESE DE ACTIVIDAD (PROGRAMA PERSONAL DE INTEGRACIÓN Y EMPLEO):
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las siguientes personas que, durante el período de duración del estado de alarma, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
Hayan sido despedidos o a los que se haya rescindido su contrato, que habiendo cotizado entre 90 y 179 días, no tengan derecho al subsidio de desempleo por carecer de cargas familiares.
Los autónomos que hayan cesado en la actividad por cuenta propia y que hayan cotizado al menos 90 días y menos de 360 días, por cese de actividad, que no perciban otra prestación o subsidio por desempleo o por cese de actividad.
Las personas trabajadoras del sistema especial para empleados de hogar a las que se haya rescindido su contrato y hayan cotizado a la Seguridad Social en este sistema especial del régimen general los últimos seis meses a tiempo completo y tengan cargas familiares.
Las personas trabajadoras que en el periodo citado hayan agotado las prestaciones o subsidios por desempleo que vinieran percibiendo.
Todos los demás colectivos que estén incluidos en el Programa Personal de Integración y Empleo en el Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León para el año 2020.
La cuantía de la ayuda será del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM), y su duración será proporcional al tiempo trabajado, en todo caso, mínimo tres
meses y máximo seis meses.
SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS:
Están destinadas a prestar apoyo económico a las empresas que contraten a las personas
trabajadoras inscritas como desempleadas no ocupadas en el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León durante el período de duración del estado de alarma.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los trabajadores por cuenta propia y las empresas que tengan menos de 250 personas trabajadoras en situación de alta en Seguridad Social en la fecha de inicio del contrato subvencionable y contraten a los trabajadores desempleados destinatarios de las ayudas, y, además, cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la contratación sea indefinida ordinaria a tiempo completo y se mantenga durante al menos 2 años desde la fecha de inicio.
b) Que mantengan el nivel de empleo de la empresa beneficiaria al menos 6 meses desde la fecha de inicio del contrato subvencionable.
La cuantía de estas subvenciones será de 10.000 € por trabajador contratado a tiempo completo.
SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS QUE POR SU EDAD TIENEN MAYORES DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO LABORAL Y QUE HAYAN SIDO DESPEDIDAS O QUE PROVENGAN DE EMPRESAS QUE HAN CERRADO:
Están destinadas a incentivar la contratación de personas que, en la fecha de inicio del contrato subvencionable, tengan 55 o más años y hayan sido despedidas desde la fecha de inicio del estado de alarma hasta la fecha que se determine en la convocatoria correspondiente o provengan de empresas que han cerrado en dicho período.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los trabajadores por cuenta propia y las empresas que tengan menos de 250 personas trabajadoras en situación de alta en Seguridad Social en la fecha de inicio del contrato subvencionable y contraten a los trabajadores desempleados destinatarios de las ayudas, y, además, cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se mantenga el empleo al menos 6 meses desde la fecha de inicio del contrato
subvencionable.
b) Que el contrato tenga una duración inicial mínima de, al menos, un año.
La cuantía de la subvención será de 8.000 € por trabajador contratado a tiempo completo.
SUBVENCIONES A LAS EMPRESAS QUE NECESITAN UN REFUERZO EN LA CONTRATACIÓN PARA ATENDER EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN:
Están destinadas a apoyar el aumento de plantilla de los sectores empresariales que han
tenido que incrementar su actividad por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. Serán subvencionables los siguientes contratos:
a) Contratos de interinidad:
Para la sustitución de contratos por bajas por enfermedad.
Por reducción de jornada para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar del trabajador.
b) Contratos indefinidos a tiempo completo, que deberán mantenerse durante, al menos, 2 años desde la fecha de inicio.
c) Contratos en prácticas, que deberán mantenerse durante, al menos, 1 año desde la fecha de inicio.
La cuantía de la subvención será:
a) Contratos de interinidad, hasta 3.500 € por contrato en función de la duración del contrato.
b) Contratos indefinidos a tiempo completo, hasta 10.000 € por contrato.
c) Contratos en prácticas, hasta 5.000 € por contrato.
AYUDA DE REFUERZO ADICIONAL A LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO PARA PALIAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19:
Está destinada a ayudar a las personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad, con un complemento salarial de refuerzo del 25% del Salario Mínimo Interprofesional.
Serán beneficiarios de estas ayudas los Centros Especiales de Empleo inscritos en el Registro de Centros Especiales de Empleo de Castilla y León, que contraten a estos trabajadores a partir de la fecha determinada en la convocatoria correspondiente.
La resolución de las solicitudes será por el orden de presentación mientras exista crédito adecuado y suficiente para atender la correspondiente solicitud.
ACCESO PREFERENTE, EN LAS AYUDAS A LA INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, DE TODAS LAS EMPRESAS AFECTADAS EN SUS PLANTILLAS POR EL COVID-19:
El objetivo de este acceso preferente es apoyar las inversiones productivas para la transformación, desarrollo y comercialización de la producción agroalimentaria.
Serán beneficiarias de estas medidas las empresas de transformación y comercialización de los productos agrarios y de la alimentación que se comprometan a mantener el volumen de empleo que mantenían con anterioridad a la declaración del estado de alarma.
Cuantía de las ayudas:
a) Proyectos de hasta 2.000.000 €: La ayuda máxima será de 640.000 €.
b) Proyectos de más de 2.000.000 €: La ayuda máxima será de 1.100.000 €, pudiendo alcanzar los 3.000.000 € en los casos de reincorporación de trabajadores afectados por ERTE por fuerza mayor. Estas medidas, que ya han sido aprobadas y que serán desarrolladas y convocadas por las diferentes Consejerías de la Junta de Castilla y León, son las siguientes:
SUBVENCIONES A LAS PYMES COMERCIALES AFECTADAS POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19:
Las subvenciones previstas en este artículo tienen como objetivos:
a) El apoyo a proyectos de inversión dirigidos a la modernización y digitalización de los establecimientos comerciales, especialmente los dirigidos a la implementación y/o mejora de plataformas de venta online o de medidas técnicas para el teletrabajo.
b) El apoyo a proyectos de inversión dirigidos a garantizar el abastecimiento de productos de carácter cotidiano (alimentación, droguería y perfumería) en el medio rural.
c) O bien ambos a la vez.
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las pymes comerciales con establecimiento comercial cuya actividad esté incluida en la división 47 de la CNAE 2009 (salvo las exclusiones que se establezcan en las correspondientes bases reguladoras) que se hayan visto afectadas por las medidas adoptadas para la gestión de la crisis ocasionada por el COVID19.
AYUDAS PARA PROMOVER DURANTE 6 MESES LA EXTENSIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO PARA LOS QUE HAYAN ACABADO LA REDUCCIÓN DE LAS CUOTAS O LA EXTENSIÓN DE LAS MISMAS EN FECHAS PRÓXIMAS AL INICIO O FINALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA DECLARADA COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19:
Estas ayudas irán destinadas a extender la reducción de las cuotas de la Seguridad Social
durante 6 meses, aplicable a los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hayan completado el disfrute de la reducción de las cuotas o lo completen en fechas próximas al inicio o finalización de la declaración del estado de alarma declarado como consecuencia del COVID-19 en los periodos que se determine la convocatoria correspondiente
Las solicitudes de los interesados se presentarán en el plazo que se determine en la convocatoria y en función de las correspondientes bases reguladoras.
La resolución de las solicitudes será por el orden de presentación mientras exista crédito
adecuado y suficiente para atender la correspondiente solicitud.
AYUDAS PARA LA REINCORPORACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS QUE HAYAN CESADO SU ACTIVIDAD POR LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 (PROGRAMA REINCORPÓRATE):
Estas ayudas irán destinadas a la reincorporación de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hayan cesado su actividad por causa de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los autónomos, personas físicas y autónomos societarios referidos anteriormente, que retomen su actividad empresarial y la mantengan durante al menos 6 meses desde la reincorporación.
La cuantía de la ayuda será del 40% de la cuota de cotización a la Seguridad Social sobre la base mínima de cotización correspondiente, durante los tres primeros meses desde la reincorporación.
La resolución de las solicitudes será por el orden de presentación mientras exista crédito adecuado y suficiente para atender la correspondiente solicitud.
SUBVENCIONES PARA GENERAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO PARA AQUELLAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE PIERDAN SU EMPLEO DURANTE ESTA CRISIS Y DECIDAN INICIAR UNA NUEVA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA:
Estas ayudas irán destinadas a promover el desarrollo de nuevas actividades por cuenta propia de personas desempleadas que hayan perdido su empleo desde la fecha de inicio del estado de alarma decretado en España por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 hasta la fecha que se determine en la convocatoria correspondiente.
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas físicas que inicien una nueva actividad económica por cuenta propia y mantengan dicha actividad durante al menos 12 meses.
Las subvenciones serán de la siguiente cuantía:
a) Por inicio de actividad: 5.000 €, con un gasto mínimo justificado de hasta 2.000 €.
Este gasto mínimo deberá realizarse en bienes muebles, que se detallarán en las bases reguladoras, y hasta 6 meses del pago de alquileres.
b) Por contratación de servicios externos para el desarrollo de su actividad relacionados con la digitalización y/o teletrabajo hasta 3.000 €.
c) Por formación en teletrabajo, nuevas tecnologías y venta on-line: Hasta 2.000 €.
APOYO A LOS AUTÓNOMOS ESTABLECIDOS EN CASTILLA Y LEÓN, CON O SIN EMPLEADOS A SU CARGO, Y CUYOS NEGOCIOS, SIN HABER CESADO EN SU ACTIVIDAD, SE HAYAN VISTO AFECTADOS POR LAS MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19:
Estas ayudas están dirigidas a financiar los gastos derivados de los créditos que hayan sido suscritos con entidades financieras o puedan ser suscritos a lo largo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
AYUDA A LOS AUTÓNOMOS QUE CESEN DEFINITIVAMENTE SU ACTIVIDAD Y NO PERCIBAN PRESTACIÓN NI SUBSIDIO POR DESEMPLEO O CESE DE ACTIVIDAD (PROGRAMA PERSONAL DE INTEGRACIÓN Y EMPLEO):
Estas ayudas irán destinadas a apoyar a los autónomos que hayan perdido su empleo, asegurándoles unos ingresos mínimos que les permitan subsistir, al tiempo que realizan
actividades que les aseguren una mejora de sus competencias profesionales y, en consecuencia, encontrarse en mejor disposición para acceder al mercado de trabajo, bien
mediante la obtención de un empleo por cuenta ajena, bien mediante la puesta en marcha de un nuevo proyecto de emprendimiento.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas que trabajaban como autónomos antes de la crisis sanitaria y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que hayan perdido su empleo durante el período de duración del estado de alarma decretado en España por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
b) Que no perciban otra prestación o subsidio por desempleo o por cese de actividad.
c) Que no reúnan los requisitos para percibir el subsidio de mayores de 52 años.
La cuantía de la ayuda será el 80% del IPREM.
REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO SE PRORROGA EL CARÁCTER PREFERENTE DEL TRABAJO A DISTANCIA Y EL DERECHO DE ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y REDUCCIÓN DE LA JORNADA:
Para garantizar la protección de las personas trabajadoras y seguir atendiendo a las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar en el contexto de la crisis del COVID-19, el carácter preferente del trabajo a distancia, y el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada, bautizado ahora como «Plan MECUIDA», se extiende hasta 3 meses después de la finalización del estado de alarma (al sumarse al mes inicialmente previsto en la disp. final 10.ª del Real Decreto-Ley 8/2020 la prórroga de 2 meses fijada en este RDL). No obstante, en atención a las circunstancias, cabrán prórrogas adicionales por parte del Gobierno.
SE AMPLÍA LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO A LAS EXTINCIONES DE CONTRATOS EN PERIODO DE PRUEBA PRODUCIDAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA:
Con el objetivo de dar protección a todas las personas que en el contexto actual no tengan acceso a la prestación, se procede a considerar que se encuentran en situación legal de desempleo las personas trabajadoras:
1. Cuyos contratos han sido extinguidos a instancia de la empresa durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo, con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior.
2. Que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, exigiéndose, en este caso, comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido. Se considerará, además, que este colectivo se encuentra en situación asimilada al alta.
SE REFUERZA LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO DE LOS FIJOS-DISCONTINUOS Y DE LOS QUE REALIZAN TRABAJOS FIJOS Y PERIÓDICOS QUE SE REPITEN EN FECHAS CIERTAS:
Se amplía la cobertura por desempleo regulada en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, a aquellas personas trabajadoras que no hayan podido reincorporarse a su actividad en las fechas previstas, como consecuencia del COVID-19 y que, o bien disponiendo de periodos de ocupación cotizada suficiente, no cumplen el requisito de situación legal de desempleo, o bien no pueden acceder a la prestación por desempleo por carecer del periodo de cotización necesario para acceder a dicha prestación.
Esta extensión de la protección se lleva a cabo modificando la redacción del artículo 25.6 del Real Decreto-Ley 8/2020, de manera que:
• Se reconoce el derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo mínimo de cotización necesario para ello, y a que no compute el tiempo en que se perciba la prestación a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos:
• A las personas trabajadoras afectadas por un ERTE (suspensión del contrato o reducción de jornada por fuerza mayor o por causas ETOP –arts. 22 y 23 Real DecretoLey 8/2020–).
• A las personas trabajadoras que se encuentren en periodo de inactividad productiva, y por ende, a la espera de la llegada de la fecha en la que procedería su llamamiento y reincorporación efectiva de no mediar la crisis del COVID-19.
• Las personas trabajadoras que, sin estar en la situación descrita en el punto anterior, pasen a ser beneficiarias de la prestación por desempleo por ver interrumpida su prestación de servicios como consecuencia del COVID-19 durante periodos que habrían sido de actividad en circunstancias normales:
• Podrán volver a percibirla, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo (reposición del derecho).
• Para determinar el periodo que hubiera sido de actividad laboral si no se hubiera producido la crisis del COVID-19 se tomará el efectivamente trabajado durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. Si se tratara del primer año, se tomarán los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa.
• La medida se aplicará al mismo derecho consumido.
• Será reconocido de oficio por la entidad gestora cuando el interesado solicite su reanudación.
• En relación con las personas trabajadoras que acrediten que, como consecuencia del impacto del COVID-19, no han podido reincorporarse a su actividad en la fecha que estaba prevista se adopta lo siguiente:
• Si fueran beneficiarios de prestaciones en aquel momento, no verán suspendido el derecho a la prestación o al subsidio que vinieran percibiendo.
• Si las hubieran agotado, pero acreditasen el periodo cotizado necesario para obtener una nueva prestación contributiva, la certificación empresarial de la imposibilidad de reincorporación constituirá situación legal de desempleo para el reconocimiento del derecho a dicha prestación.
En este caso existirá el derecho a la reposición de la prestación, en las condiciones vistas anteriormente, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo (salvo que la mención que en la norma se hace a «párrafo» deba entenderse hecha a «letra», en cuyo caso esta previsión se extendería también a los que estén percibiendo la prestación que no se ve suspendida).
• Las personas trabajadoras que hayan visto interrumpida su actividad y las que no hubieran podido reincorporarse a la misma como consecuencia del COVID-19 y careciesen del periodo de ocupación cotizado necesario para obtener la prestación por desempleo:
• Tendrán derecho a una nueva prestación contributiva, que podrá percibirse hasta la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo, con un límite máximo de 90 días.
• La cuantía mensual de la nueva prestación será igual a la de la última mensualidad de
la prestación contributiva percibida, o, en su caso, a la cuantía mínima de la prestación
contributiva.
• No resulta de aplicación la reposición del derecho a la prestación.
• Las personas trabajadoras que durante la situación de crisis derivada del COVID-19 agoten sus prestaciones por desempleo antes de la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo y carezcan de cotizaciones suficientes para el reconocimiento de un nuevo derecho:
• Tendrán derecho a una nueva prestación contributiva, que podrá percibirse hasta la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo, con un límite máximo de 90 días.
• La cuantía mensual de la nueva prestación será igual a la de la última mensualidad de la prestación contributiva percibida, o, en su caso, a la cuantía mínima de la prestación contributiva.
• La certificación empresarial de imposibilidad de reincorporación constituirá nueva situación legal de desempleo, no resultando de aplicación la reposición del derecho a la prestación.
SE TIPIFICA UNA NUEVA INFRACCIÓN MUY GRAVE PARA SOLICITUDES FRAUDULENTAS
DE ERTE Y SE ESTABLECE UNA SANCIÓN ESPECÍFICA:
El Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo, desarrolló un régimen sancionador adaptado a las circunstancias actuales con la implementación de los mecanismos de control y sanción necesarios para evitar comportamientos fraudulentos en la percepción de las prestaciones. Ahora estos mecanismos de control y sanción se refuerzan modificando:
1. La Ley de infracciones y sanciones en el orden social para tipificar como infracción muy grave la conducta empresarial consistente en presentar solicitudes que contengan falsedades e incorrecciones en los datos facilitados (nueva redacción del art. 23.1 c) y 2 LISOS) y establecer una responsabilidad empresarial directa en la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores y trabajadoras, cuando no medie dolo o culpa de estos (nuevo apdo. 3 del art. 43 LISOS).
2. El Real Decreto-Ley 9/2020 (vid. cuadro comparativo) para adecuar las previsiones recogidas en su disposición adicional 2.ª a estos cambios, destacándose la indicación expresa que hace, al abordar la obligación de devolución de las prestaciones indebidamente percibidas, de que la persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al periodo de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo.


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